El grupo de IU en la Diputación Provincial de Málaga presentará una moción en el próximo pleno en la que solicitará al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, como consecuencia del proceso de liberalización del mercado eléctrico nacional, incluya los servicios esenciales que prestan los ayuntamientos, tengan una potencia contratada menor o mayor de 10 kilovatios, dentro de la Tarifa de Último Recurso (TUR) --precios máximos y mínimos que fija el Gobierno--.

En opinión de la portavoz de Izquierda Unida, Encarnación Páez, servicios como el alumbrado público, los centros de educación obligatoria, las guarderías, las residencias y los centros de mayores, los de servicios sociales o los albergues, deberían acogerse a la Tarifa de Último Recurso.

IU reclamará, igualmente, que, "con carácter de urgencia", el Ministerio aplace el periodo fijado por el decreto que regula la puesta en marcha del suministro del último recurso en el sector de la energía eléctrica para disponer de un calendario adecuado para responder a "esta nueva y negativa situación".

También pedirá en la citada iniciativa la suspensión 'sine die' de la penalización del cinco por ciento cada mes en el recibo eléctrico que deben pagar los ayuntamientos por "no pasarse al supuesto mercado libre impuesto".

En la iniciativa se recuerda que el proceso de liberalización del mercado energético terminó para los grandes consumidores de alta tensión y fue en el año 2000 cuando comenzó el proceso para los de baja tensión.

Así, la ley suprime a partir del 1 de enero de 2009 el sistema tarifario de electricidad, aunque prevé el establecimiento de unas tarifas de último recurso, para quienes se establece un suministro eléctrico como servicio universal.

Por otro lado, el decreto que regula la puesta en marcha del suministro del último recurso en el sector de la energía eléctrica, establece que a partir del 1 de julio de este año las tarifas integrales de energía eléctrica quedaban extinguidas. Además, el texto establece que pueden acogerse a las tarifas de último recurso los consumidores de energía conectados en baja tensión que tengan contratada una potencia inferior o igual a 10 kilovatios.

Todos los consumidores de baja tensión a partir del 1 de julio que no hayan decidido trasladarse al mercado libre, contratando el suministro con una comercializadora, pasan a una de último recurso con una tarifa regulada por el Gobierno.

Estas comercializadoras serán las únicas obligadas a contratar los suministros con derecho a ello al precio fijado por el Gobierno y únicamente éstas podrán dar el bono social.

Páez resaltó a Europa Press que los efectos a corto y medio plazo serán "importantes para la inmensa mayoría de la población y sobre todo para las administraciones públicas, que tienen la obligación de presentar servicios esenciales para la sociedad, especialmente para los ayuntamientos, que se encontrarán a expensas de los intereses privados de las comercializadoras".

AYUNTAMIENTOS

En este sentido, hizo hincapié en que la situación provocará "irremediablemente" que los ayuntamientos con una potencia contratada superior a los 10 kilovatios tengan que iniciar la contratación del suministro eléctrico con una comercializadora y negociar las tarifas.

"Esto es una situación de falta de información e incertidumbre, donde las corporaciones locales están siendo estigmatizadas por las compañías casi monopolísticas que controlan el mercado", aseveró la diputada provincial.

Además, advirtió de que mientras los consistorios no culminen los expedientes para la contratación del suministro serán penalizados con un cinco por ciento cada mes hasta que no se unan al mercado libre.